5 preguntas que deben hacerse las empresas antes de cerrar durante una huelga

El cierre de un centro de trabajo durante una huelga no siempre está justificado y puede tener consecuencias salariales para la empresa. Conocer cuándo es legal, qué ocurre con los empleados que no secundan el paro y qué descuentos pueden aplicarse resulta fundamental para evitar posibles reclamaciones.
Una convocatoria de huelga puede plantear distintas situaciones para las empresas, especialmente cuando la actividad se ve afectada y se contempla la posibilidad de cerrar el centro de trabajo. Sin embargo, no es lo mismo que un trabajador decida secundar voluntariamente el paro que encontrarse con la empresa cerrada y no poder prestar servicios.
En ambos casos no se prestan servicios, pero las consecuencias salariales son diferentes. La clave está en determinar quién participó voluntariamente en la huelga, quién no pudo trabajar por el cierre empresarial y si dicho cierre estaba legalmente justificado.
1. ¿Puede una empresa cerrar sus instalaciones durante una huelga?
La convocatoria de una huelga no justifica automáticamente el cierre de un centro de trabajo. Aunque la empresa puede adoptar esta medida en determinadas circunstancias, debe existir una causa legal que la respalde.
El cierre patronal debe responder a una necesidad real y tener carácter defensivo. Por tanto, no puede utilizarse como una respuesta automática a la convocatoria de una huelga ni como una medida para impedir que los trabajadores ejerzan sus derechos.
2. ¿En qué circunstancias es legal el cierre patronal?
El artículo 12 del Real Decreto-ley 17/1977 permite el cierre en supuestos concretos, como un peligro notorio de violencia, una ocupación ilegal del centro o un volumen de inasistencias que impida gravemente el proceso normal de producción.
Debe tratarse de una medida defensiva y existir una causa suficiente. Por tanto, una huelga convocada no justifica por sí sola el cierre de la empresa.
Cuando el cierre patronal es legal, puede suspender los contratos y el derecho al salario también de quienes querían trabajar. Por ello, antes de aplicar descuentos salariales, resulta imprescindible comprobar la legalidad del cierre y las circunstancias de cada trabajador.
3. ¿Qué ocurre con los trabajadores que deciden secundar la huelga?
Cuando una persona decide sumarse a la huelga y deja de trabajar por ese motivo, su contrato queda suspendido durante su participación.
Conforme al artículo 6.2 del Real Decreto-ley 17/1977, durante ese tiempo no tiene derecho al salario. El descuento correspondiente no constituye una sanción, sino una consecuencia de la suspensión del contrato.
Ahora bien, el descuento debe respetar la proporcionalidad: la empresa no puede aprovechar la huelga para imponer una penalización económica superior a la que corresponde por la participación efectiva en el paro.
4. ¿Puede descontarse el salario a quienes no participan en la huelga?
Quienes no participan en la huelga y permanecen a disposición de la empresa conservan, como regla general, su derecho al salario, aunque el paro de otros compañeros impida darles ocupación efectiva.
El artículo 6.4 del Real Decreto-ley 17/1977 exige respetar la libertad de trabajo de quienes no quieran sumarse a la huelga. Por tanto, la mera convocatoria no permite a la empresa descontar automáticamente el salario a toda la plantilla.
Tampoco basta con que una persona apoye las reivindicaciones o hubiera pensado participar: lo relevante para aplicar el descuento por huelga es que efectivamente la haya secundado.
No trabajar porque la empresa ha cerrado no equivale, por sí solo, a participar en el paro. No obstante, esta regla debe matizarse cuando existe un cierre patronal legal, ya que este puede afectar también al derecho al salario de quienes estaban dispuestos a trabajar.
5. ¿Qué consecuencias tiene para la empresa un cierre patronal ilegal?
La diferencia está en la causa real por la que cada persona dejó de trabajar.
Si un trabajador no se sumó a la huelga, estaba disponible para prestar servicios y fue un cierre patronal ilegal lo que se lo impidió, la empresa debe abonarle los salarios correspondientes.
El artículo 15 del Real Decreto-ley 17/1977 obliga a pagar los salarios devengados a quienes dejaron de prestar servicios como consecuencia de ese cierre.
En cambio, quienes sí dejaron de trabajar voluntariamente para secundar la huelga mantienen las consecuencias salariales derivadas de su participación.
Por tanto, antes de decidir el cierre de un centro de trabajo durante una huelga, las empresas deben comprobar que concurren las causas legales que permiten adoptar esta medida. También resulta necesario distinguir la situación de quienes secundan el paro de la de aquellos que desean continuar trabajando, ya que las consecuencias salariales no son necesariamente las mismas. Un cierre injustificado o la aplicación incorrecta de los descuentos puede dar lugar a reclamaciones salariales que podrían haberse evitado con una adecuada valoración previa.