Elección de vacaciones: qué puede decidir la empresa y qué exige negociación

La fijación de las fechas de vacaciones suele ser uno de los principales focos de fricción en el entorno laboral. ¿Hasta dónde llega la capacidad de organización de la empresa y qué margen tiene cada trabajador para proponer cuándo descansar? El Tribunal Supremo ha abordado estas cuestiones en su Sentencia 697/2026.
El punto de partida: el común acuerdo
El marco legal parte del artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores, que dicta que las vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre empresa y trabajador, en línea con lo que suelen establecer los convenios colectivos.
Sin embargo, aplicar este principio puede generar dudas sobre cómo debe articularse ese entendimiento. Al respecto, el Tribunal Supremo aclara que alcanzar dicho acuerdo no obliga a la empresa a negociar de forma individualizada con cada miembro de la plantilla. Para que el procedimiento sea válido, basta con que se garanticen cuatro premisas fundamentales:
- Que cada trabajador pueda presentar su propuesta de fechas.
- Que la compañía valore y tenga en cuenta dicha solicitud.
- Que exista una posibilidad real y efectiva de alcanzar un acuerdo entre ambas partes.
- Que, en caso de desacuerdo, el empleado mantenga intacto su derecho a impugnar la decisión empresarial.
En consecuencia, un modelo en el que el trabajador pide sus días y la empresa los aprueba —o le brinda una segunda oportunidad para elegir sin cercenar su derecho a reclamar— cumple plenamente con las exigencias legales y convencionales.
La gestión en grandes plantillas
Cuando el volumen de trabajadores hace inviable negociar con cada uno, el Alto Tribunal matiza que las organizaciones pueden implantar sistemas generales y objetivos aprobados unilateralmente para gestionar los descansos de forma masiva.
No obstante, esta facultad organizativa solo será lícita si el sistema respeta en todo momento el derecho individual a solicitar fechas, a ser escuchado y a reclamar ante un eventual desacuerdo.
El límite infranqueable: la imposición de fechas
La línea roja aparece cuando los protocolos internos obligan a la plantilla a disfrutar de una parte de sus vacaciones en un periodo concreto. Según el criterio del Supremo, esta práctica conlleva una doble afectación: obliga a descansar en unas fechas determinadas y, simultáneamente, restringe el derecho a elegir otros momentos del año.
Los convenios suelen plantear la división y ubicación de las vacaciones como opciones voluntarias y no como deberes. Convertirlas en una exigencia empresarial altera su naturaleza y restringe los derechos de los trabajadores. Por ello, cualquier medida que fije de antemano el calendario vacacional al margen de lo previsto en la ley o el convenio requiere obligatoriamente de un acuerdo individual o colectivo.
Conclusión
El fallo subraya la necesidad de que las compañías auditen sus protocolos internos de gestión de vacaciones. Contar con el respaldo de un asesoramiento jurídico especializado resulta clave para asegurar que las políticas de descanso respetan los derechos de la plantilla y evitan conflictos legales.