¿Menos horas, más productividad? El gran dilema de la nueva reforma laboral

El debate sobre la reducción de la jornada laboral ha vuelto a la primera línea con el anteproyecto de ley que plantea disminuir el tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales sin reducción salarial.

Mientras algunos lo celebran como un avance hacia una mejor calidad de vida, otros advierten sobre su impacto en la productividad y la viabilidad de muchas empresas. La cuestión es si trabajar menos nos hará realmente más eficientes o si esta reforma terminará perjudicando tanto a empleadores como a trabajadores.

La propuesta, anunciada el pasado 5 de febrero, no se limita a la reducción de la jornada. También refuerza el control sobre el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital. Estas modificaciones han generado una fuerte división entre sindicatos y empresarios, reflejando nuevamente la brecha ideológica sobre cómo deben regularse las relaciones laborales.

El Gobierno ha sacado adelante este anteproyecto sin el respaldo de las organizaciones empresariales, lo que deja entrever que la negociación será difícil. A pesar de ello, la medida sigue adelante con el objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores y fomentar una mejor conciliación laboral y personal. Sin embargo, la falta de consenso plantea dudas sobre su impacto real y su aplicabilidad en todos los sectores.

Uno de los argumentos clave en favor de la reducción de jornada es que trabajar menos horas podría incrementar la productividad. Los sindicatos apuntan que las comunidades autónomas con mejores niveles de productividad, como el País Vasco y Navarra, cuentan con jornadas laborales más reducidas, lo que, según ellos, demuestra que menos horas no significan menor rendimiento.

Por otro lado, las organizaciones empresariales contraargumentan que la relación causa-efecto es inversa: no es que menos horas generen mayor productividad, sino que las regiones más productivas pueden permitirse reducir el tiempo de trabajo. Además, recuerdan que la productividad en España sigue estando por debajo de la media europea y que reducir la jornada podría agravar el problema.

A esto se suma la preocupación sobre el impacto en las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor parte del tejido empresarial español. Muchas de ellas operan con márgenes ajustados y dependen de una organización flexible del tiempo de trabajo. Para estas empresas, la reducción de la jornada sin una compensación en términos de eficiencia podría traducirse en mayores costes salariales sin un incremento proporcional en la producción.

El sector empresarial también advierte sobre el posible impacto en el empleo. Si las empresas no pueden absorber el coste de trabajar menos con la misma producción, podrían verse obligadas a contratar más personal, lo que aumentaría sus gastos o, en el peor de los casos, derivaría en despidos.

Sin embargo, quienes defienden la reforma recuerdan que medidas similares, como la subida del salario mínimo, también fueron recibidas con escepticismo y no tuvieron el efecto negativo que algunos preveían. La clave, argumentan, es que una plantilla más descansada y motivada tiende a ser más productiva, lo que podría compensar la reducción de horas trabajadas.

Además, las sanciones por incumplimiento en el registro de jornada se endurecen considerablemente. Las multas por infracciones graves podrían alcanzar los 10.000 euros por cada trabajador afectado, mientras que las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales relacionadas con la jornada podrían sancionarse con hasta 49.180 euros.

Otro de los aspectos clave del anteproyecto es la ampliación del derecho a la desconexión digital. La norma establece que las empresas no podrán contactar con sus empleados fuera del horario laboral, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Esta regulación busca garantizar un descanso efectivo y mejorar la conciliación, aunque algunos sectores advierten sobre las dificultades que podría generar en determinadas actividades que requieren una mayor disponibilidad.

El anteproyecto inicia ahora su tramitación parlamentaria, donde podría sufrir modificaciones antes de su aprobación definitiva. Mientras tanto, el debate sigue abierto.

¿Será esta reforma el impulso que necesita el mercado laboral español para mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar la competitividad de las empresas? La única certeza es que la reducción de la jornada no es un simple cambio normativo, sino un ajuste profundo en la organización del trabajo cuya efectividad solo se podrá evaluar con el tiempo.

Hablar de reducción de jornada implica también considerar su impacto a largo plazo. Solo la experiencia y la adaptación del mercado podrán determinar si esta medida será viable en la economía española y en su competitividad global. Además, será fundamental evaluar si la productividad esperada compensa el ajuste en las dinámicas laborales y cómo afectará a la estabilidad del empleo y la estructura de costes de las empresas.

Por Pablo Olabarri, abogado laboralista de Hidalgo Abogados, publicado en Expansión