La copropiedad no puede convertirse en un derecho de veto

El Supremo pone límites al bloqueo entre propietarios de un inmueble cuando existen impagos y conflictos de intereses

Dos hermanos comparten la propiedad de un inmueble, lo arriendan y, cuando comienzan los impagos, uno quiere acudir a los tribunales mientras el otro se opone. ¿Debe quedar bloqueada cualquier posibilidad de reclamación porque los propietarios no consiguen ponerse de acuerdo? ¿Puede la voluntad de uno impedir que el otro defienda sus derechos?

La copropiedad funciona mientras existe acuerdo sobre el destino y la administración del bien. Los problemas aparecen cuando los titulares mantienen posiciones enfrentadas. Es una situación frecuente en las herencias, cuando varios familiares reciben una vivienda, un local o una finca y deben decidir conjuntamente sobre su explotación. Compartir la propiedad puede complicar decisiones como reclamar los alquileres impagados.

El artículo 398 del Código Civil establece que los acuerdos relativos a la administración de los bienes comunes deben adoptarse por mayoría de intereses, calculada según las cuotas de propiedad y no por el número de titulares. La norma busca impedir que un copropietario imponga sus decisiones al resto. Sin embargo, esa misma exigencia de acuerdo puede dificultar las actuaciones frente a terceros cuando los propietarios mantienen posiciones irreconciliables.

El Tribunal Supremo ha abordado esta cuestión en su sentencia 1242/2026, de 21 de julio, a propósito de un conflicto entre dos hermanos propietarios al 50 % de una finca rústica arrendada a una cooperativa. Ante los reiterados retrasos e impagos de las rentas, una de las copropietarias solicitó judicialmente la resolución del contrato y el desahucio de la arrendataria, pese a la oposición de su hermano.

El caso tenía dos particularidades decisivas. Los hermanos habían pactado que cada uno percibiría directamente la mitad de las rentas. Además, el copropietario contrario a la demanda era secretario general de la cooperativa arrendataria. Era, por tanto, copropietario del inmueble y, al mismo tiempo, estaba vinculado a la entidad que había incumplido sus obligaciones.

No se trataba simplemente de dos propietarios con criterios distintos sobre la conveniencia de mantener un arrendamiento. Uno pretendía reclamar frente a los incumplimientos contractuales; el otro se oponía mientras mantenía una relación directa con la arrendataria. Su negativa no podía examinarse ignorando esa doble posición, porque los intereses de la cooperativa no tenían por qué coincidir con los de la comunidad de propietarios.

El Tribunal Supremo reconoció la legitimación de la demandante para ejercitar la acción judicial. Para ello, tuvo en cuenta que no actuaba en representación de toda la comunidad, sino en defensa de sus propios derechos, junto con el pacto sobre la distribución de las rentas, los incumplimientos acreditados y el conflicto de intereses existente.

La sentencia demuestra que la oposición de un copropietario no siempre basta para impedir una reclamación judicial relacionada con el inmueble común. Las reglas de administración no pueden aplicarse como si todos los desacuerdos fueran equivalentes. Una cosa es discrepar sobre la oportunidad de una decisión y otra oponerse a una reclamación cuando se mantienen vínculos con quien ha incumplido el contrato. En este último supuesto, la negativa de un propietario merece un examen que vaya más allá de su porcentaje de titularidad.

A nuestro juicio, el acierto del pronunciamiento está en examinar los derechos e intereses que concurren en el conflicto, en lugar de resolverlo exclusivamente a partir de las cuotas de propiedad. Que dos personas sean titulares del 50 % de un inmueble no significa que la negativa de una pueda neutralizar, por sí sola, el derecho de la otra a reclamar frente a un incumplimiento que le perjudica directamente. Aceptar lo contrario permitiría que las normas concebidas para proteger la administración conjunta terminaran favoreciendo al arrendatario incumplidor, incluso cuando existieran impagos acreditados y vínculos entre este y uno de los propietarios.

Ahora bien, el fallo no concede a cada copropietario libertad para resolver unilateralmente los contratos de arrendamiento. El Supremo no prescinde de las reglas de administración de los bienes comunes. Su conclusión responde a las condiciones particulares del contrato, a los derechos que pretendía defender la demandante y a la posición del comunero contrario a la reclamación. Sin esos elementos, la respuesta jurídica podría ser diferente.

La cuestión tiene especial incidencia en las herencias. La adjudicación de un inmueble a varios familiares suele resolver el reparto del patrimonio, pero deja abierta la tarea de administrarlo. Un arrendamiento que deja de generar ingresos, una discrepancia sobre el destino de una finca o la negativa a reclamar una deuda pueden terminar enfrentando a quienes comparten la propiedad. De ahí la importancia de dejar claro desde el principio cómo se administrará el inmueble y cómo se repartirán las rentas.

Compartir la propiedad de un inmueble no debería significar que uno de sus titulares tenga que asumir las consecuencias de los intereses particulares del otro.

Artículo publicado en Noticias Jurídicas

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