El Supremo da una nueva vida al cártel de coches

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo avala la solidaridad impropia y permite exigir responsabilidades a fabricantes distintos de la marca adquirida, mientras se acerca el vencimiento del plazo frente a Toyota
El Tribunal Supremo acaba de confirmar que la responsabilidad por los daños ocasionados por el cártel de coches no se limita necesariamente al fabricante del vehículo adquirido. La Sentencia 1645/2026, de 22 de octubre, reconoce la aplicación de la denominada solidaridad impropia entre las empresas participantes en los acuerdos colusorios. El pronunciamiento llega cuando los plazos para reclamar frente a numerosas marcas ya han vencido y abre nuevas posibilidades para determinados afectados.
La resolución permite exigir responsabilidad a una empresa participante en el cártel por daños vinculados a vehículos que no fabricó ni comercializó. La obligación de indemnizar no deriva exclusivamente de la relación entre el comprador y la marca de su automóvil, sino de la participación en una conducta anticompetitiva conjunta que ocasionó el perjuicio.
Esta doctrina cobra especial interés cuando la prescripción se ha convertido en el principal obstáculo para reclamar. Ya no basta con comprobar si ha vencido el plazo correspondiente al fabricante del vehículo. También debe examinarse si existe otra empresa participante en la infracción frente a la cual todavía resulte posible ejercitar la acción. La dificultad radica en determinar cómo incide esa responsabilidad conjunta en la situación de cada perjudicado y qué efectos puede tener sobre los plazos de prescripción aplicables a los distintos fabricantes.
En este escenario, Toyota ocupa una posición destacada. El próximo 1 de diciembre de 2026 vence el plazo de referencia para reclamar frente a esta compañía, salvo que se haya producido una interrupción válida de la prescripción. Sin embargo, a la luz de la reciente sentencia, esa fecha podría afectar también a compradores de otras marcas.
La solidaridad impropia permite plantear reclamaciones frente a Toyota por daños relacionados con la adquisición de automóviles de otros fabricantes que participaron en el cártel. Esta posibilidad afecta especialmente a las compras realizadas entre febrero de 2006 y septiembre de 2012, periodo durante el cual Toyota participó en el denominado «Club de marcas», uno de los ámbitos de intercambio de información sancionados.
Así, el vencimiento del plazo ordinario frente a la marca del vehículo adquirido no significa necesariamente que cualquier posibilidad de reclamación haya desaparecido. La participación conjunta de distintos fabricantes en la conducta infractora puede ofrecer una alternativa para exigir responsabilidades.
Ahora bien, sería incorrecto interpretar la sentencia como una reapertura generalizada de las reclamaciones prescritas. La solidaridad impropia no elimina las reglas de prescripción ni permite reclamar indiscriminadamente frente a cualquier fabricante. Su aplicación exige examinar las circunstancias de cada adquisición, la participación de las empresas implicadas y los plazos correspondientes.
No obstante, en caso de no remitir la reclamación frente a Toyota antes del 1 de diciembre, a fin de interrumpir la prescripción, permanece abierto el debate: cuándo debe comenzar a computarse el plazo de prescripción de las acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia.
El artículo 74.3 de la Ley de Defensa de la Competencia establece una regla específica sobre la incidencia de los procedimientos de investigación y sanción en ese cómputo. A partir de esta disposición, se ha defendido una interpretación según la cual el plazo de cinco años podría comenzar una vez transcurrido un año desde la firmeza de la resolución sancionadora.
De prosperar este criterio, y siempre que resulte aplicable al supuesto concreto, determinadas reclamaciones podrían plantearse hasta 2027, frente a otras interpretaciones que sitúan el inicio del cómputo en una fecha anterior. No obstante, esta posibilidad debe valorarse individualmente y no implica que los tribunales hayan reconocido una ampliación generalizada del plazo hasta ese año.
La sentencia del Supremo obliga, por tanto, a distinguir dos cuestiones: qué empresas pueden responder por los daños ocasionados por el cártel y si la acción frente a ellas continúa vigente. La confirmación de la solidaridad impropia aclara la primera, pero no resuelve por sí sola los problemas de prescripción.
La marca del vehículo y la fecha de compra no son los únicos elementos que deben examinarse. También resulta necesario determinar qué fabricantes participaron en la infracción y qué reglas rigen el cómputo de los plazos.
El fallo llega, además, cuando se aproxima el vencimiento del plazo frente a Toyota. Su alcance no consiste en garantizar nuevas indemnizaciones, sino en confirmar un fundamento jurídico que puede permitir reclamaciones hasta ahora consideradas inviables. Porque una reclamación aparentemente prescrita aún puede tener recorrido, aunque no todas las vías que permanecen abiertas ofrecen las mismas posibilidades de prosperar.
Artículo publicado en Expansión