Doctrina Cakarevic y CATA COVID
Durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, el legislador articuló diversas medidas de apoyo extraordinarias para proteger a los trabajadores por cuenta propia. Entre ellas, destacó la creación de las prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, conocida comúnmente como CATA COVID. No obstante, lo que en un principio nació como un instrumento urgente de protección económica, ha derivado, años después, en una problemática relevante: la reclamación masiva de devolución de las prestaciones por parte de las mutuas colaboradoras, generando una gran inseguridad jurídica a los afectados.
Los CATA COVID fueron prestaciones extraordinarias dirigidas a los trabajadores autónomos que vieron afectada su actividad durante la pandemia con el objetivo de paliar el impacto económico negativo ocasionado por la misma, así como por la declaración del estado de alarma.
Sin embargo, muchas de estas prestaciones fueron concedidas sin la comprobación definitiva del cumplimiento de los requisitos en un momento inicial, habiéndose realizado las revisiones a posteriori, determinando por las mutuas la devolución total o parcial de las prestaciones abonadas.
La problemática anterior está generando en los autónomos que percibieron tales ayudas situaciones económicas complicadas, deudas económicas importantes, así como en general, una gran inseguridad jurídica, viéndose obligados a devolver cantidades con las que ya contaban.
Es aquí donde entra en juego la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente, la STEDH de 26 de abril de 2018, asunto Cakarevic v Croacia. En la misma se refiere que no resulta conforme a derecho exigir la devolución de prestaciones que fueron percibidas de buena fe por cuando el error resulta imputable a la Administración y el beneficiario no podía razonablemente conocerlo. La referida doctrina ha sido igualmente aplicada por el Tribunal Supremo, entre otras, en la STS (Sala 4ª), de 29 de abril de 2024.
En conclusión, los CATA COVID fueron medidas de apoyo extraordinarias que resultaron imprescindibles para sostener el trabajo de los autónomos durante la situación de crisis sanitaria, pero que, sin embargo, su urgencia en la concesión ha generado, años después, una gran problemática jurídica. Ante lo anterior, la intervención de los tribunales resultará clave tanto para definir el verdadero alcance de las devoluciones, como para generar seguridad jurídica en los trabajadores autónomos.
