Consecuencias del fracaso de la reducción de jornada
El pasado día 10 de septiembre se confirmó, tras la votación en el Pleno del Congreso, el fracaso de la propuesta de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. El proyecto de ley llevado a votación, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, además de la reducción de jornada, traía consigo la regulación de aspectos claves de la vida laboral como el registro de jornada o el derecho a desconexión digital, que también han sido tumbados por las enmiendas a la totalidad.
La propuesta del Ministerio, nombrada proyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión, se ha visto así truncada en todo su contenido.
La reducción de la jornada, que se planteaba de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas, se cimentaba sobre la base de obtener una misma retribución, manteniendo el salario existente en la jornada completa previa a la modificación. Con este revés en su votación, los plazos para su entrada en vigor se dilatan, dejando en el aire el futuro de la propuesta, obligando al Ministerio a elaborar un nuevo texto al respecto. Todo ello ha aumentado el ambiente de crispación entre los sindicatos, que ya se han comenzado a movilizar en diversas ciudades del país a modo de protesta.
Sobre el último de los puntos de la propuesta, el derecho a la desconexión del trabajo se materializaba mediante la modificación del artículo 20 del Estatuto, recogiendo como derecho irrenunciable del trabajador, y como deber empresarial, la desconexión digital de la persona trabajadora, no pudiendo las empresas contactar con los empleados fuera de su horario laboral, garantizando el descanso efectivo.
En este contexto de bloqueo parlamentario, a modo de reacción por parte del Gobierno, coge protagonismo la modificación del segundo apartado, el registro de jornada, que será regulado por la vía del real decreto, anticipándose a un futuro nuevo intento de regulación con una renovada propuesta de ley. Se pretende, por tanto, agilizar las modificaciones del registro de jornada, implementando con la mayor brevedad posible el nuevo registro, que traerá novedades como su obligada digitalización.
El registro de jornada, en su regulación actual, ha resultado ser insuficiente en muchos aspectos para evitar los constantes excesos de jornada que se dan en el día a día de muchas empresas, por lo que el Ministerio busca implementar las medidas de control reforzadas, sin necesidad de volver a pasar por la tan complicada tramitación parlamentaria. Por tanto, resulta conveniente centrarnos en el análisis de la modificación del registro de jornada, siendo la más inmediata de las recogidas en el proyecto de ley, y trayendo importantes cambios tanto para empresas como trabajadores.
En el nuevo modelo de registro de jornada, las empresas tendrán que pasar obligatoriamente a un registro de jornada digital, personal y no manipulable, en el que además se tendrá que permitir el acceso inmediato y remoto por parte de la persona trabajadora, su representación legal y la Inspección de Trabajo. Así, las empresas tendrán que dejar definitivamente las hojas en papel o los Excel, que no cumplirían con los requisitos exigibles por la nueva norma, para pasar al uso de aplicaciones o sistemas que cumplan los requisitos exigidos de accesibilidad, fiabilidad, trazabilidad y objetividad.
El objetivo es doble: proteger de forma más eficaz la salud, conciliación y derechos de las personas trabajadoras y, al mismo tiempo, asegurar la competencia leal entre empresas que cumplen y aquellas que intentan eludir la normativa.
Sobre esto último, conviene recordar que el registro de jornada es la herramienta por la que las empresas pueden demostrar la jornada real que cumple cada uno de sus empleados. Por lo tanto, ante una hipotética reclamación de horas extraordinarias, las empresas podrían contar con una herramienta totalmente fiable con la que defender el cumplimiento de la jornada del empleado. Y es que, en ese sentido, lo marcado en el registro de jornada se presume como cierto, teniendo que ser el trabajador el que cargue con la prueba de las horas extra alegadas y que no estén registradas. Con la nueva regulación, para bien o para mal, se pretende que la jornada quede efectivamente registrada, con todas las circunstancias que se produzcan durante la misma, como las pausas o las horas extraordinarias.
Desde otra perspectiva, el acceso inmediato que se pretende introducir para la Inspección de Trabajo va a hacer que en cualquier momento puedan revisar los registros de jornada y los empleados que se encuentran trabajando en ese mismo momento, otorgando un control total y remoto a la ITSS, aunque por ahora es una incógnita cómo podría implementarse esto a nivel masivo en todo el país y para todos los tipos de empresa.
Lo que no se podrá regular por la vía del real decreto serán unas sanciones más elevadas por los incumplimientos, dado que es materia con reserva de ley, que requiere modificar artículos de la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), por lo que el endurecimiento en las sanciones no podrá llegar hasta la aprobación parlamentaria.
Con todo ello, es difícil predecir los plazos en los que podría entrar este nuevo registro de jornada, y es que se prevé un camino largo también para este real decreto, que ahora mismo se encuentra en consulta pública. Incluso una vez aprobado, las empresas contarán con un periodo de adaptación para poner en marcha un registro que cumpla con todos los requisitos, de manera que todas tengan la opción de cumplir con la adopción de un registro que cumpla con los requisitos exigidos.
Una vez más, la situación política que atraviesa el país, que muestra un nuevo bloqueo parlamentario, perjudica a todos los sujetos envueltos en las relaciones laborales, haciendo que la inseguridad sea agente principal en relación a las modificaciones normativas propuestas. Resulta lógico pensar, volviendo a la reducción de jornada, que el Ministerio volverá a la carga hasta conseguirlo, siendo uno de los objetivos principales de la legislatura, pero habrá que ver los términos en los que se acaba logrando, ya que requerirá de repetir un diálogo social con representantes empresariales y organizaciones sindicales, toda vez ya han visto truncados los primeros esfuerzos ante el Congreso.
Artículo publicado en Legal Today.