El TSJ de Cantabria confirma una multa de 2.000 euros a BBVA por mala fe procesal
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado la multa de 2.000 euros impuesta a BBVA por la Plaza nº13 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander debido a su actuación en un procedimiento de comisión de apertura.
En concreto, el litigio tiene origen en un préstamo hipotecario que contenía una comisión de apertura del 2% sobre el capital del préstamo, por la que el cliente abonó 1.924 euros. Los consumidores presentaron una reclamación extrajudicial solicitando la devolución de dicha cantidad, pero la entidad bancaria rechazó su petición. Ante esta negativa, interpusieron una demanda judicial, a la que también se opuso el BBVA.
La sentencia, estimo íntegramente la demanda y condenó al banco a devolver las cantidades abonadas indebidamente por los clientes, junto con los intereses correspondientes. Además, el órgano judicial impuso a la entidad una multa de 2.000 euros por su comportamiento procesal. Ante esta sanción, el BBVA interpuso recurso de alzada, pero este ha sido desestimado por el TSJC.
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recuerda la existencia de un criterio ya consolidado tanto por la Audiencia Provincial de Cantabria como por el propio Tribunal Supremo, según el cual las comisiones de apertura superiores al 1,5% del capital prestado pueden considerarse abusivas al resultar desproporcionadas.
El Tribunal considera que la actuación procesal del banco carecía de justificación, dada la existencia de jurisprudencia firme y reiterada sobre casos de identidad sustancial. Además, considera que la entidad tuvo la oportunidad de evitar el litigio, por lo que aprecia la existencia de mala fe y de abuso del servicio público de Justicia.
Por lo tanto, esta medida puede tener un claro efecto disuasorio para el sector financiero, al tratar de evitar actuaciones dilatorias y promover que las entidades resuelvan este tipo de reclamaciones por la vía extrajudicial. Con ello, no solo se pretende reducir la sobrecarga de los tribunales, sino también reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas ya cuestionadas por la jurisprudencia.